Las personas físicas no deben ser llamadas a contribuir en tanto no satisfagan sus necesidades más elementales: PRODECON

México, D.F., 27 de junio de 2013.- La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) está convocando a que en la próxima reforma hacendaria se reconozcan los derechos humanos de las personas físicas como pagadores de impuestos. El organismo autónomo apoya su propuesta en importantes resoluciones adoptadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tratados Internacionales firmados por México y en el mandato del nuevo artículo primero Constitucional que dispone la más amplia tutela y protección de los derechos de los gobernados.

Por ello, la Procuraduría realizará el viernes 28 de junio un foro en el que un miembro del Poder Legislativo, un funcionario de la SHCP y un destacado académico, analizarán, junto con la titular del organismo, tres temas fundamentales: 1) El Derecho al mínimo vital derivado del artículo 31, fracción IV, Constitucional; 2) El Derecho a presentar declaración anual y, 3) El reconocimiento al mínimo vital como parámetro para gravar los ingresos de quienes se encuentran en edad de retiro.

Por lo que toca al primer punto, la Corte en sesión del Pleno de septiembre de 2011 reconoció que el mínimo vital es un derecho humano contenido en instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano, Prodecon expuso que el legislador, al momento de diseñar el objeto de los impuestos y atender a la capacidad de las personas físicas para contribuir, debe respetar un umbral libre o aminorado de impuestos correspondiente a los recursos necesarios para la subsistencia de las personas humanas o físicas, es decir, las personas no deben ser llamadas a contribuir en tanto no satisfagan sus necesidades más elementales.

Prodecon también propone que el derecho al mínimo vital se reconozca con mayor interés cuando se trata de personas en edad de retiro que han sufrido el desgaste natural de la vida, pero que no alcanzaron las semanas de cotización necesarias para generar una pensión mínima y que al retirar los escasos fondos de sus cuentas individuales de las Afores, pagan el ISR sobre el monto total de las aportaciones obrero patronales; por ello, el Ombudsman del Contribuyente seguirá insistiendo en que estas personas paguen únicamente sobre los intereses generados por dichas aportaciones.

Ligado con lo anterior, la Procuraduría también propone que en la reforma fiscal se reconozca a todas las personas físicas el derecho a presentar su declaración anual, ya que no puede prohibirse a nadie el que declare y cumpla con sus obligaciones fiscales en la medida de su verdadera capacidad para contribuir. Presentar la declaración anual permite a los pagadores de impuestos deducir sus gastos médicos y hospitalarios, a los que el ser humano por su vulnerabilidad está expuesto.

La Procuraduría destacó que de los casi 39 millones de contribuyentes que según el Informe Trimestral de la SHCP se encuentran inscritos en el RFC, cerca de 25 millones son asalariados, es decir, en México más del 60% del padrón de los pagadores de impuestos se integra por la clase trabajadora. También recordó que la Consar administra más de dos millones 700 mil subcuentas de retiro del Seguro Social de personas que ya tienen 60 años o más.

Cabe mencionar, que Prodecon estima que tan solo para el año 2013, aproximadamente 270 mil trabajadores retirarán el saldo de su cuenta sin alcanzar el derecho a la pensión mínima y sufrirán retenciones hasta del 20% sobre el monto total de su retiro. De este grupo de contribuyentes, la Procuraduría ha atendido a personas en un rango de edad entre 60 y 85 años, con un promedio en el monto del retiro de entre 100 mil y 400 mil pesos.

Por otra parte, el organismo autónomo refirió datos que permiten percibir el nivel de informalidad que se registra en personas físicas: la Población Económicamente Activa es de poco más de 50 millones; las personas físicas inscritas en el RFC son más de 37 millones; aproximadamente 25 millones son asalariados; alrededor de 7 millones tiene actividades empresariales y tan solo 1 millón 550 mil están registrados en servicios profesionales.

Por solo dar un dato estimado y basándose en cifras del BID, México es el país con el mayor número de personas que viven en inmuebles rentados, con el 14.3% de su población, es decir, estaríamos hablando aproximadamente de 3.5 millones de arrendamientos y solo 845 mil personas dadas de alta como arrendadores.

Finalmente, la Procuraduría considera que debe terminarse con la informalidad y generarse una nueva cultura contributiva, por lo que llamó a todas las personas físicas a contribuir con el pago de sus impuestos atendiendo a sus posibilidades, ya que el gobernado tiene derecho a que todos los que tienen capacidad para ello le apoyen con la carga tributaria.