“Actuaciones
de justicia por parte de los Gobiernos Estatal y Federal, no deben ser bandera
electoral por parte de ningún partido político, ya que son obligaciones que
establece la ley”, así lo señaló la diputada Laura González Martínez.
Morelia,
Mich., 02 de marzo de 2015.- La legisladora integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado, indicó que es responsabilidad
del Gobierno del Estado en coordinación con la Federación, el proporcionar
seguridad y respaldo a los ciudadanos, por lo que reiteró que las acciones de
justicia no deben ser subrayadas como elementos inéditos por parte de ningún
gobierno, ya que son compromisos que
deben asumir ante cualquier circunstancia y proceso, que otorgue paz y
estabilidad a los ciudadanos.
“El
Gobierno del Estado debe ser prudente y otorgar las condiciones para que este
tema no manche el próximo proceso electoral en la entidad, es una acción que
favorecerá al País en general, pero sin duda falta mucho más por hacer y no es
momento de levantar victorias, el Estado debe recobrar la paz, y retomar el rumbo
de lo que Michoacán y debe dar muestra de gobernabilidad y confianza”, indicó
en entrevista.
La
legisladora albiazul Laura González, reiteró a la federación no tomar este
hecho como una acción electorera que pueda confundir a los michoacanos. Sin
duda esta detención vendrá a abrir una brecha de acciones contundentes que
deberán tomarse por parte de las autoridades de los diversos órdenes de
gobierno, pero no se soluciona la falta de desarrollo del Estado ni la falta de
inversión económica, que son acciones que se deben confeccionar desde los
gobiernos.
Esta
acción dará resultados cuando disminuyan notoriamente las cifras de violencia
en la entidad, cuando las cifras de índices delictivos bajen y se generen
condiciones de mejoras para los ciudadanos y traducidas en una mejor calidad de
vida de los habitantes michoacanos.
Finalmente,
la también Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso Local,
exhortó a la federación y a las autoridades del Ejecutivo del Estado, así como
de las autoridades electorales, a que favorezcan en el desarrollo de un proceso electoral donde se garanticen las condiciones
adecuadas de seguridad y equidad para los electores, sin que las acciones sean
administradas conforme a tiempos que convengan a candidatos abanderados por los
partidos políticos en el poder.
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