En Sesión ordinaria, la Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, propuso a sus homólogos modificar dicha ley, con el objetivo de brindar
mayor transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía, al proponer la
armonización y optimación de los mecanismos vigentes que obligan la
fiscalización de los gobiernos estatal, así como los municipales, es decir, los
informes trimestrales y las cuentas públicas.
En este tenor, la Presidenta de la Comisión de
Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales, señaló como necesario que en
los periodos de transición de gobierno, “el Gobernador del Estado así como los
ayuntamientos, en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días antes de que
finalice el tiempo para el cual fue electo, deberán entregar al Poder
Legislativo un informe financiero con las características de la Cuenta Pública
que abarque el tiempo correspondiente del inicio del ejercicio fiscal al final
de sus administraciones”, especificó.
Asimismo, puntualizó que la reforma propone que el
titular del Poder Ejecutivo presente su informe trimestral, dentro de un plazo
de cuarenta y cinco días después de concluido el trimestre, en el caso de los
ayuntamientos lo presentarán en un plazo no mayor de treinta días siguientes a
la conclusión del trimestre antes de la conclusión de su administración.
López Aceves, manifestó que en la ley vigente no se
contempla algún tipo de normativa que obligue a informar el periodo comprendido
entre el primer día del mes de enero y último día del mes de septiembre, en el
caso de Gobernador del Estado y entre el primer día del mes de enero y el
último del día del mes de agosto, en el caso de los ayuntamientos, “dejando
dicho lapso temporal sin obligación de informar y acreditar procedencia, manejo
y destino de recursos públicos, evitando de esta forma deslindar
responsabilidades o instaurar algún procedimiento sancionador, según sea el
caso”, ejemplificó.
La también integrante de la Comisión de Programación,
Presupuesto y Cuenta Pública, enfatizó en la importancia de reformar dicha
normativa ya que fortalecerá la
vigilancia del manejo y la aplicación de los recursos públicos, y con ello
permitir a la ciudadanía evaluar, reconocer o denunciar dicha actividad,
“nuestro marco normativo ya considera herramientas y procedimientos de
fiscalización del patrimonio público, pero resulta necesario que estos, sean
efectivos en sus plazos de cumplimiento y concurrentes con el resto del
andamiaje legal”, finalizó.
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