Por: Enrique De
El sector rural es fundamental para México. Tanto por su peso histórico como por su importancia para la viabilidad social, política y económica del país, el campo y las actividades que le son inherentes son pilares de la vida nacional; sin embargo, el sector presenta aún importantes retos a enfrentar.
Me referiré en este Artículo a lo relativo a la tenencia de la tierra.
En la actualidad, existen alrededor de 28 mil núcleos agrícolas ordenados y regularizados por medio del Procedimiento de Certificación de Derechos, que resultó de la modificación al Artículo 27 Constitucional; no obstante lo anterior, más de 2 mil núcleos no se han sujetado aún a este procedimiento, y es en este tema en el que se presenta un mayor número de controversias por la falta de claridad de sus linderos.
Asimismo, el minifundio un tema a tener en consideración, pues el 60% de los predios de propiedad privada cuentan con menos de cinco hectáreas. Este aspecto es fundamental para explicar la pobreza y la baja productividad del sector, ya que estas extensiones de terreno hacen inviable la utilización de mejores tecnologías e impiden que se exploten las economías de escala como sucede en otros países.
En este sentido, las restricciones en el tamaño de las propiedades y la elevada incidencia de minifundios no limitan su impacto a minar la productividad del campo; por el contrario, representan un fuerte costo social, ya que la explotación de los minifundios impide contar con los excedentes necesarios para participar en el mercado, lo que impulsa la economía de autoconsumo y reduce las oportunidades para trascender la condición de pobreza y marginación de los productores.
Si bien los problemas del sector rural tienen distintas explicaciones, es importante conocer y privilegiar aquellas acciones que atienden el tema en su conjunto, para después impulsar acciones particulares. Un aspecto que incide de manera integral en el campo, y cuya atención habrá de traducirse en un insumo fundamental para todo el sector, es su situación legal.
Es necesario revisar la situación actual de las leyes que regulan la vida en el sector rural y encaminarlas a facilitar la construcción de un catastro rural en todo el territorio nacional, a fin de realmente conocer al sector y poder diseñar mejores políticas públicas pertinentes y bien dirigidas. Asimismo, es necesario que la legislación en la materia defina de manera clara quienes son los sujetos del derecho agrario y sus derechos, así como los incentivos para la compactación parcelaria que permita atender el problema del minifundio.
Las mejores legales que de manera breve estoy señalando rebasan el ámbito legal, pues requieren de aspectos adicionales como es el caso de una delimitación precisa de las funciones de las distintas entidades y dependencias de la Administración Pública Federal a fin de evitar duplicidades, traslapes y ambigüedades en la operación del Gobierno en el campo. Igualmente, es necesario considerar la necesidad de brindar una capacitación a los habitantes del sector que permita su mejor organización y el aprovechamiento de los recursos naturales que ofrece el país, así como a revertir fenómenos nocivos como el minifundio y el envejecimiento en la propiedad de la tierra.
Finalmente, es importante considerar las modificaciones a la legislación que permitan que se homologue los criterios de la aplicación de la justicia en el medio rural; asimismo, es importante tener en consideración la necesidad de contar con los recursos, humanos y materiales, que permitan garantizar una efectiva agilización de los juicios agrarios.
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