A la ciudadanía y opinión pública en general.
El Gobierno Municipal de La Barca informa que este mediodía el abogado, Jorge Aguilar representante jurídico de ex trabajadores municipales despedidos en la administración pasada y Gabriel Martín del Campo, secretario general de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Junta especial No. XI llevaron a cabo una diligencia de embargo y reinstalación de personal en contra de la Unidad de Protección Civil La Barca y el organismo público descentralizado, Desarrollo Integral de la Familia (DIF Municipal), lo anterior debido a sentencias por demandas laborales con un monto de un millón 700 mil pesos.
Ante esto también se hicieron presentes el secretario general del Ayuntamiento, Héctor Daniel Mendoza Beltrán y el director de Protección Ciudadana, Eduardo Espinoza Salazar, así como el jefe de la Unidad de Protección Civil y Bomberos La Barca, Juan Luis Arteaga Reyes con el objetivo de llevar a cabo negociaciones con los representantes legales hasta llegar a un acuerdo con la parte afectada y evitar la expropiación de los bienes muebles del edificio, logrando que este acto legal sólo se llevase a cabo un señalamiento de bienes cuyo depositario será el titular de la dependencia antes señalada.
De igual manera se concretó un acuerdo para que las autoridades municipales y los representantes legales de los ex trabajadores sostengan una reunión el próximo miércoles 11 de agosto a las 11:00 horas en Palacio Municipal, cuya finalidad será llegar a un acuerdo definitivo sobre la situación de cada unos de los juicios buscándose que en esa fecha.
En el caso del DIF Municipal se logró también un acuerdo para que no se procediera con la expropiación de bienes que ya habían sido objeto de una diligencia de señalamiento de bienes en 2009.
De nueva cuenta el Gobierno Municipal condena la actuación irresponsable y con dolo de la administración 2007-2009, a cargo del ex presidente, José Mendoza Barrientos en el manejo de estos procesos laborales, cuyo abandono jurídico deriva en los hechos que hoy vienen a perjudicar a la ciudadanía en general.
De haberse echo el pago oportuno por la administración ya mencionada hoy la ciudadanía, a través del Gobierno Municipal, no tendría que pagar millones de pesos de los recursos que deberían de ser destinados a servicios y obras de los habitantes de esta ciudad y que hoy deberán ser ejecutados en el pago de estas indemnizaciones que por la inatención de José Mendoza afectarán de una manera irreversible las finanzas municipales.
En este sentido la administración 2010-2012, en coordinación con el despacho jurídico externo, Nemesis Legal ha llevado a cabo todos los esfuerzos a su alcance para así revertir en la medida de lo posible las afectaciones al patrimonio y bienes municipales, tomando en cuenta que en este caso ya existía sentencia ejecutoria cuya negociación esta en manos de la comisión edilicia creada para tales fines, surgiendo diferencias que hasta el momento no pudieron evitar la ejecución de estos actos.
A pesar de este penoso proceso legal el Gobierno Municipal desea expresar a la ciudadanía y la opinión pública en general que por sobre todas las cosas mantiene su ineludible compromiso de garantizar la vida de los barquenses, acudiendo a su protección y auxilio en todos y cada uno de los fenómenos que requieran su presencia y que pongan en peligro la seguridad y el bienestar de la ciudadanía en general.
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