Morelia,
Mich; a 07 de diciembre de 2014.- “Es necesario que toda persona privada de su
libertad, deba contar con el derecho a un trato digno, no degradante, además de
que se mantenga una separación entre procesados y sentenciados, factores
fundamentales para disminuir las tasas de reincidencia que cada vez son más
altas en nuestro Estado”, así lo expresó el diputado Sebastián Naranjo Blanco.
El
legislador emanado de la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional,
quien en Sesión Ordinaria presentó ante el Pleno del Poder Legislativo la
Iniciativa de Centros de Reclusión para el Estado de Michoacán, argumentó que este
proyecto vendrá a abonar en el mejoramiento de la reivindicación de criminales,
“ya que actualmente ante una sociedad que ha ido incrementando sus indicadores
de incidencia delictiva y de violencia, el Estado como respuesta a tenido a
bien incrementar las penas, haciendo la prisión, la mejor respuesta ante las
conductas antisociales, opción que no se puede generalizar a todos los
acusados”, señaló.
Resaltó
que México ocupa el lugar 32 internacionalmente en población penitenciara
total, con 225 mil 697 y 201 reclusos por cada 100 mil habitantes. Así mismo,
ocupa el lugar número 40 en el mundo, con un 41.3 por ciento de población
penitenciaria sin condena, que equivale a 100 mil 304 en números absolutos. Nuestro
País ocupa el lugar 23 según procesados por cada 100 mil habitantes, con 85.3
internos sin condena por cada 100 mil habitantes y se posiciona en el lugar 58
a nivel internacional, con un porcentaje de 124.3 de ocupación penitenciaria.
“Cifras
altas que demuestran sobrepoblación poniendo en duda las condiciones de trato
digno y humano que pueden recibir los internos, factores que dicha iniciativa
contempla como derecho del acusado, además de que establece que los centros de
reclusión destinados a prisión preventiva no serán los mismos que para la ejecución
penal”, mencionó.
Naranjo
Blanco subrayó que es indispensable que mujeres y hombres estén físicamente
separados, propuesta que ayudará a que los acusados por delitos menores no sean
mezclados e influenciados por los culpados por violaciones consideradas
mayores”, ilustró.
En
este tenor, resaltó que Michoacán cuenta con 16 centros penitenciarios, con una
capacidad de 270 para población sentenciada y 60 para población en proceso, y
actualmente cuentan con un total de dos mil 54 personas, en los cuales en el
2012 ingresaron 27 adolescentes por conductas antisociales asociadas a delitos
del fuero común, de estos, tres
ingresaron por homicidio, cuatro por secuestro, cuatro por violación simple,
doce por robo a transeúnte en vía pública, y cuatro por robo a negocio,
“situación que se podría evitar si el interno tuviera el derecho de ser
clasificado de acuerdo a género, origen, edad, estado físico, profesión; así
como el contar con un expediente técnico jurídico que lo identifique desde el
ingreso y otorgándole un puntual seguimiento, formando parte del sistema
administrativo de identificación, cuestiones simples pero esenciales para
reducir la reincidencia posterior a que salen libres”. Manifestó.
Finalmente,
el también Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en el Congreso
del Estado, hizo un llamado a sus homólogos integrantes de la Septuagésima
Segunda Legislatura, en especial a los integrantes de las Comisiones de
Justicia y Derechos Humanos a las cuales fue turnada la iniciativa en mención,
“a sumarse a dicha propuesta que tiene el objetivo principal de reducir las
cifras de reincidencia y sobretodo dar un trato digno a los acusados,
respetando sus derechos humanos y convirtiendo los centros de reclusión en
verdaderas herramientas de reinserción social para los michoacanos”, concluyó.
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